La tensión entre producir alimentos para 9.000 millones de personas y conservar los recursos naturales no se resolverá con menos agricultura, sino con una agricultura mejor regulada e incentivada. En 2026, el debate ha superado la dicotomía “prohibir vs. producir” para centrarse en políticas de “Pago por Servicios Ecosistémicos” (PSE), regulaciones comerciales con “dientes verdes” (como el EUDR) y la gestión crítica del agua.
El nuevo paradigma de política pública busca alinear la rentabilidad privada con el beneficio público, reconociendo que un agricultor en quiebra no puede ser un agricultor sostenible.
1. Del Subsidio Ciego al Pago por Resultados
Históricamente, las políticas agrarias (como la PAC europea o la Farm Bill de EE.UU.) subsidiaban la producción o la superficie. La tendencia global para 2026 es pagar por “servicios ambientales” medibles.
- Mercados de Carbono y Eco-esquemas:
Los gobiernos están creando marcos legales para que el “cultivo de carbono” (Carbon Farming) sea una fuente de ingresos real. En lugar de solo recibir ayuda por hectárea, el agricultor recibe pagos si demuestra (mediante auditoría satelital y de suelos) que ha capturado toneladas de CO2 en su suelo.- El cambio clave: Se pasa de subsidiar la práctica (ej. comprar una sembradora directa) a pagar por el resultado (ej. aumentar la materia orgánica un 0.5% en 3 años).
- Iniciativa CompensACTION:
Liderada por el G7, busca escalar los pagos a pequeños agricultores en países en desarrollo. El objetivo es diversificar sus ingresos para que la conservación del bosque o la salud del suelo sean tan rentables como la cosecha misma, evitando que expandan la frontera agrícola por desesperación económica.
2. La Geopolítica Verde: El Comercio como Regulador
Las normativas ambientales ya no se detienen en las fronteras nacionales. El comercio internacional se ha convertido en el principal mecanismo de aplicación de políticas ambientales.
- Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR):
Plenamente vigente, prohíbe la entrada a Europa de soja, carne, café o madera proveniente de zonas deforestadas después de 2020. Esto ha obligado a países como Brasil y Argentina a adaptar sus legislaciones y sistemas de trazabilidad no por altruismo, sino por supervivencia comercial.- Impacto en Sudamérica: Se están creando “corredores verdes” trazables. Los pequeños productores, que carecen de tecnología para demostrar su cumplimiento, corren el riesgo de quedar excluidos, por lo que iniciativas como los “Diálogos Regionales Inclusivos” buscan evitar esta marginación.
- Mecanismos de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM):
Tanto la UE como EE.UU. (con su Clean Competition Act) están implementando aranceles a productos importados que tengan una huella de carbono alta. Esto presiona a los exportadores agrícolas globales a descarbonizar sus cadenas si quieren mantener su competitividad de precios en el norte global.
3. La Crisis del Agua: De la Propiedad a la Gestión Eficiente
El agua es el recurso más disputado. Las políticas de 2026 se endurecen hacia la eficiencia obligatoria.
- Caso Chile y Zonas Áridas:
En regiones como el norte de Chile o California, el modelo de “derechos de agua” perpetuos está siendo revisado bajo criterios de escasez y equidad. Las nuevas inversiones públicas (más de $400 millones en Chile) se enfocan en infraestructura de desalinización y reúso de aguas grises, pero con tarifas que reflejan el costo real del agua para desincentivar el derroche.- Tecnología Obligatoria: En muchas cuencas, ya no se permite extraer agua sin telemetría en tiempo real conectada a la autoridad hídrica. Si no se mide, no se puede usar.
4. El Factor Social: La “Transición Justa”
Las protestas de agricultores en Europa y otras regiones han dejado una lección clara: no se puede legislar la sostenibilidad contra la rentabilidad del productor.
- Financiamiento de la Transición:
La política pública efectiva de 2026 incluye “fondos de transición” que cubren el riesgo financiero del agricultor durante los primeros años de cambio hacia prácticas regenerativas (el “valle de la muerte” económico). - Armonización:
Se busca evitar la competencia desleal. Los agricultores locales exigen (y están logrando) que los productos importados cumplan las mismas normas ambientales que se les exigen a ellos (cláusulas espejo en tratados de libre comercio).
El equilibrio sostenible se logra cuando la política pública deja de ver al medio ambiente como un “costo” para la agricultura y empieza a tratarlo como un “activo” productivo. En 2026, las políticas exitosas son aquellas que utilizan la tecnología para validar servicios ecosistémicos y el comercio internacional para estandarizar las reglas de juego, asegurando que quien contamina pague, y quien regenera, cobre.